El próximo jueves, el Consejo de Administración de PIMESA llevará a cabo la adjudicación de manera provisional del lote 1 y 2 del programa Casa Fácil. Serán 240 viviendas de protección pública, de las que PIMESA supervisará todo el proceso con la revisión, verificación y validación del cumplimiento de requisitos para evitar el acceso a quienes no les corresponda. El gobierno municipal ha incorporado cláusulas, mecanismos de control y garantías adicionales para el acceso al plan.

El alcalde Pablo Ruz ha señalado que “no podrán acceder a una vivienda pública aquellos que ya disponen de una vivienda, quienes no cumplen los requisitos legales, quienes incumplen la ley o intenten hacerlo mediante fraude o información falsa, además de concejales de la corporación, asesores y altos cargos”. Ruz ha explicado que una parte de las viviendas será gestionada directamente por PIMESA en régimen de alquiler y la otra por la empresa adjudicataria, siempre bajo control público.

En el caso de la empresa adjudicataria, “ésta no decidirá sola y todas las personas que quieran acceder a una vivienda deberán ser comunicadas a PIMESA, que será quien revise, verifique y valide el cumplimiento de los requisitos”. Además, la empresa municipal ha elaborado un documento específico sobre ausencia de incompatibilidades, que deberá ser firmado obligatoriamente por todas las personas que quieran acceder a una vivienda pública.

“Con ese documento se garantiza que no exista conflicto de intereses ni situaciones irregulares en el acceso a la vivienda”, ha señalado Ruz, quien ha indicado que se va a habilitar un canal de denuncias, para que cualquier persona pueda comunicar de forma segura y confidencial posibles irregularidades en el proceso.