Estas son las declaraciones de Carlos Baño ante la Comisión de Investigación de la Diputación de Alicante por las campañas de bono consumo.

«Señoras y señores diputados:

Comparezco hoy ante esta Comisión con respeto. Respeto a esta institución, respeto a la Diputación de Alicante, respeto a los ayuntamientos de nuestra provincia, respeto a los comerciantes, respeto a la ciudadanía y, muy especialmente, respeto a la autoridad judicial que está investigando estos hechos.

No comparezco para hacer política, no soy político, ni lo pretendo. Soy empresario y me siento muy orgulloso de serlo. No comparezco para confrontar, todo lo contrario,agradezco que me den la oportunidad para contarles con detalle toda la verdad sobre la gestión realizada.

Comparezco también porque durante muchos años he dedicado una parte muy importante de mi vida a defender al pequeño comercio de Alicante, a escuchar sus problemas, a trasladar sus necesidades y a intentar que las administraciones públicas entendieran algo muy sencillo: que detrás de cada comercio hay una familia, hay empleados, hay autónomos, hay proveedores, hay barrios vivos y hay pueblos que no pueden permitirse bajar la persiana.

FACPYME como entiendo que conocen no nació por el Bono Comercio. FACPYME no nació para gestionar fondos públicos. FACPYME existía mucho antes de este asunto, para ser exactos nació en 1984 y su razón de ser siempre ha sido la misma: representar y defender al pequeño y mediano comercio de la provincia de Alicante.

El Bono Comercio fue una respuesta a una necesidad real. No fue una operación oculta, ni una ocurrencia, ni una maniobra diseñada para beneficiar a nadie. Fue una herramienta para que la gente comprara en los comercios de proximidad, para que el dinero circulara en nuestros municipios y para que miles de establecimientos pudieran respirar en momentos tan difíciles como los vividos en la pandemia.

Y eso, señoras y señores diputados, ocurrió. Los bonos se utilizaron. Los consumidores compraron. Los comercios vendieron. La Diputación consignó y articuló los fondos a través de los Ayuntamientos que participaron. Las campañas se ejecutaron. La actividad económica se reactivó. Esa es la realidad que no se puede borrar.

Dicho esto, soy plenamente consciente de la gravedad de las afirmaciones que se han vertido. Soy consciente del daño personal, familiar, profesional e institucional que provoca verse sometido a una investigación penal y, además, a una exposición pública de esta naturaleza. No es fácil escuchar insinuaciones sobre enriquecimiento personal, sobre desvío de fondos o sobre falsedad cuando uno sabe que no se ha llevado a su bolsillo ni un solo euro de dinero público.

Por eso quiero decirlo de forma clara, sencilla y directa: no me he enriquecido personalmente con el Bono Comercio. Ni yo, ni mi familia, ni mis compañeros de la Junta Directiva de Facpyme.

No ha habido reparto de beneficios personales, no ha habido dinero desviado a mi patrimonio, no ha habido pagos ocultos, no ha habido gastos privados pagados con fondos públicos. Nada de eso ha ocurrido.

Lo que sí ha habido es trabajo. Mucho trabajo. Organización, gestión, plataformas, atención a comercios, coordinación con ayuntamientos, documentación, campañas, incidencias, justificaciones y seguimiento. Quien haya gestionado una campaña de estas características sabe que no consiste simplemente en mover dinero de un sitio a otro. Consiste en hacer que un programa público funcione en la realidad, en la calle, en los comercios y ante miles de usuarios.

Dicho esto, paso a referirme a lo que estoy seguro que a ustedes les ha movido para crear esta comisión, y para ello quiero dar toda la información que interesa aclarar y que conozcan bien para que no les quede ninguna duda en seis argumentaciones sólidas que quiero trasladarles.

1-Desde el punto de vista jurídico, hay una primera idea que conviene explicar con claridad porque se ha repetido muchas veces de forma equivocada: una asociación sin ánimo de lucro sí puede desarrollar actividades económicas. La ley no lo prohíbe. Lo que la ley prohíbe es que los beneficios se repartan entre los asociados o se destinen a fines ajenos a la asociación.

Esto es muy importante. “Sin ánimo de lucro” no significa “sin actividad económica”. No significa que una asociación no pueda prestar servicios. No significa que no pueda organizar campañas, gestionar programas o recibir una compensación por el trabajo realizado. Significa que no puede actuar para enriquecer personalmente a sus miembros. Y aquí no ha ocurrido eso.

FACPYME podía y puede prestar servicios relacionados con sus fines. Podía y puede colaborar en programas de apoyo al comercio. Podía y puede recibir una compensación por esa gestión. Y podía y puede destinar los recursos obtenidos al cumplimiento de sus fines asociativos. Esa es una actuación jurídicamente posible, socialmente útil y, desde luego, no es delictiva.

2-También se ha querido presentar a FACPYME como si hubiera sido beneficiaria final de una subvención pública. Y esa idea tampoco es correcta. FACPYME no era el comerciante que recibía el impulso económico final, ni el consumidor que disfrutaba del bono, ni una entidad que recibiera fondos para sí misma sin contraprestación. FACPYME actuaba como entidad colaboradora o gestora dentro de un programa público promovido por las administraciones correspondientes.

Les daré más información sobre ello. La Ley General de Subvenciones contempla la figura de la entidad colaboradora. Y contempla también que pueda existir una compensación económica por los servicios prestados. Por tanto, cobrar por gestionar profesionalmente un programa no es, por sí mismo, irregular. Al contrario, es el paradigma de la colaboración público-privada. Lo relevante será comprobar si los servicios existieron, si se prestaron, si fueron útiles, si fueron justificados y si su importe era razonable.

Y la posición que mantengo, y que mantendrá mi defensa en el juzgado, es clara: los servicios existieron, se prestaron y deberán ser analizados con criterios técnicos, contables y periciales, no con sospechas ni con titulares. Los animo a que revisen los certificados favorablesemitidos por la práctica totalidad de los municipios. Por cierto, ayuntamientos de todos los colores políticos.

3- Otra cuestión sobre la que también quiero ahondar y que se ha utilizado para alimentar sospechas es la existencia de NEXO RETAIL ALICANTE, S.L. Se ha presentado NEXO como si su mera creación fuera ya una prueba de algo irregular. No lo es.

NEXO era una sociedad propiedad al cien por cien de FACPYME. No era una empresa mía. No era ni es una sociedad creada para repartir beneficios personales. No era ni es una pantalla para ocultar nada. Nexo es una herramienta operativa de FACPYME que se creó para ordenar y profesionalizar una gestión compleja. Por cierto,su constitución se hizo a imagen y semejanza de la creada por la patronal autonómica del comercio -CONFECOMERÇ- que nos facilitó toda la información para replicarla en la provincia de Alicante.

Dicho esto, compartirán conmigo que las asociaciones pueden organizarse. Pueden crear instrumentos jurídicos. Pueden servirse de sociedades filiales para desarrollar mejor determinadas actividades. Eso no es delito. Eso es organización. Y cuando una campaña requiere capacidad técnica, facturación, medios, trazabilidad, gestión de datos, plataformas, atención a comercios y ejecución simultánea en distintos municipios, utilizar una estructura operativa puede ser razonable y lícito.

4- Podrá discutirse esa estructura desde el punto de vista administrativo, pero para hablar de un delito tiene que haber engaño o simulación. Se exige apropiación, falsedad real, se exige ánimo defraudatorio. No basta con decir que algo “suena mal”. No basta con una sospecha. No basta con una interpretación interesada. Se exige prueba.

Y por eso quiero ser muy preciso: niego que haya existido doble facturación, niego que se hayan facturado trabajos inexistentes y niego que se hayan presentado facturas falsas. Si NEXO utilizó en una fase inicial medios de FACPYME, eso puede abrir un debate sobre organización interna, imputación de costes o documentación mercantil. Pero no son falsas unas facturas si los trabajos existieron y si los servicios se prestaron.

Una factura no es falsa porque el servicio se haya prestado utilizando medios compartidos dentro de un mismo grupo asociativo. Una factura es falsa si documenta una realidad inexistente, una operación simulada, un trabajo que nunca se hizo. Y esa no es la realidad que yo sostengo ni la que sostendrá mi defensa. No es la realidad comprobable.

5- Por eso será esencial que la instrucción judicial se complete con rigor. Que se analicen documentos. Que se valoren los expedientes. Que se revisen las justificaciones. Que se practique, si procede, una prueba pericial económica seria. Que se compruebe la trazabilidad de los servicios, su realidad, su utilidad y su valor de mercado.

Eso es lo propio de un Estado de Derecho. No condenar primero y comprobar después. No convertir una hipótesis en sentencia. No sustituir la investigación judicial por una comisión política ni por un juicio público.

6- También quiero referirme a otra cuestión dolorosa. Se ha querido construir la idea de que FACPYME fue elegida por razones personales, por afinidades políticas o por relaciones de amistad. Lo rechazo rotundamente.

FACPYME era y es una entidad representativa del pequeño comercio. Ha trabajado con administraciones de distintos colores políticos. Ha colaborado con ayuntamientos diversos. Su legitimidad no nace de una relación personal, sino de su implantación en el sector, de su conocimiento del comercio de proximidad y de su capacidad para llegar a los establecimientos.

Sigo dándoles más argumentaciones jurídicas sobre una cuestión que ustedes como representantes públicos de sus respectivos Ayuntamientos y de esta Diputación seguro que conocen muy bien. Las decisiones de carácter administrativo no las adopta FACPYME. Las adoptan las administraciones competentes, con sus expedientes, sus informes, sus órganos de intervención, sus secretarías, sus responsables técnicos y sus controles. FACPYME no decide el procedimiento administrativo que sigue cada ayuntamiento. FACPYME no fiscaliza el gasto público. FACPYME no aprueba convenios ni resoluciones municipales. FACPYME presta el servicio para el que se le llama o contrata, y después lo justifica.

Si alguien quiere revisar la tramitación administrativa de cada expediente, que se revise. Si alguien quiere comprobar cómo se eligió a FACPYME en cada municipio, que se compruebe. Pero no se puede convertir a quien presta un servicio en responsable automático de todas las decisiones administrativas adoptadas por cada ayuntamiento.

Se ha intentado también cuestionar mi legitimidad personal, mi autoridad moral y mi permanencia en cargos representativos. Comprendo que en política se formulen preguntas duras, pero en política como en la vida no vale todo. Y quiero recordar algo básico: en democracia, una persona investigada no es una persona culpable. La presunción de inocencia no es una frase bonita. Es una garantía constitucional. Protege a todos, incluso cuando la acusación es incómoda, incluso cuando hay ruido mediático, incluso cuando algunos preferirían una condena anticipada.

Yo no pido privilegios. No pido un trato distinto. No pido que no se investigue. Lo que pido es algo mucho más sencillo: que se respeten mis derechos, que se respete el procedimiento judicial y que no se dé por probado lo que todavía está siendo investigado.

Tengo la conciencia muy tranquila. Sé lo que he hecho y sé lo que no he hecho. Sé que he dedicado muchos años de mi vida a defender al comercio. Sé que el Bono Comercio ayudó a muchos establecimientos. Igual que también lo saben los responsables de los Ayuntamientos. Sé que desde FACPYME se trabajó con total transparencia. Sé que NEXO fue una herramienta de gestión. Sé que no hubo enriquecimiento personal. Y sé que todo eso deberá acreditarse donde corresponde: en el juzgado.

Y esa es exactamente mi posición.

• Que una asociación preste servicios no es delito.
• Que una asociación obtenga una compensación por esos servicios no es delito.
• Que una asociación cree una sociedad filial para gestionar mejor una actividad compleja no es delito.
• Que existan relaciones internas entre FACPYME y NEXO no es delito.
• Que se emitan facturas por trabajos efectivamente realizados no es delito.
• Y que una persona sea investigada no la convierte en culpable.

Todo esto se tendrá que analizar con documentos, con prueba y con garantías. No con prejuicios. No con insinuaciones. No con frases gruesas. No con titulares.

Por eso, hoy, quiero dirigirme también a los comerciantes. A quienes me conocen desde hace años. A quienes han visto trabajar a FACPYME. A quienes participaron en cada campaña. A quienes saben lo difícil que es levantar la persiana cada mañana. Les digo que entiendo su preocupación, que entiendo el daño que este asunto pueda causar a la imagen del comercio y que precisamente por eso quiero que se sepa toda la verdad.

No he utilizado al comercio para beneficiarme. He trabajado duramente para defender al comercio. Podrán discutirse criterios, formas o modelos organizativos, que fueron adoptados en un contexto muy complejo provocado por la pandemia. Pero una cosa es cuestionar o tener que explicar una gestión, y otra muy distinta es cometer un delito. Y yo afirmo con toda claridad que no he cometido delito alguno.

Dicho todo lo anterior, confiando que les haya podido aclarar todas las dudas sobre la gestión realizada, he de trasladarles y seguro que comprenderán que puesto que todavía no he declarado ante el juzgado que instruye las Diligencias Previas 307/2026. La causa está viva y la instrucción está pendiente. Que todavía faltan diligencias, falta documentación por analizar y falta que mi defensa pueda desplegar plenamente la prueba que considera necesaria.

Por respeto a la autoridad judicial, por respeto al procedimiento penal, por respeto a mi derecho de defensa y siguiendo la recomendación expresa de mis abogados, entenderán como les decía, no podré contestarles hoy a las preguntas de la Comisión.

Entiendan que no lo hago por desprecio a la Comisión. No lo hago por falta de respeto a los diputados. No lo hago porque no tenga explicaciones que dar. Las tengo, y las daré.

Mi lugar para declarar sobre los hechos investigados es el juzgado. Allí lo haré con todas las garantías, con pleno acceso a la causa, con asistencia letrada, con posibilidad de aportar documentos, proponer diligencias y responder en el marco legal adecuado.

Lo que sí quería hacer hoy, y como hago siempre, es dar la cara, expresar mi respeto, trasladar mi posición y decir, con serenidad, pero con firmeza, que confío en la justicia y que confío en que la verdad se abrirá paso.

Muchas gracias».