Los alcaldes de Elche y Alicante reclaman la utilización de remanentes de tesorería para mejorar servicios a los ciudadanos

Los alcaldes de Elche, Pablo Ruz, y de Alicante, Luis Barcala, han coincidido este viernes tras su encuentro en el Ayuntamiento de Elche, en señalar que la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno de España supone un freno para el desarrollo de infraestructuras esenciales entre ambas ciudades y para el conjunto de la provincia.

Pablo Ruz ha subrayado que “Elche y Alicante están unidas por tres grandes vías de comunicación que dependen directamente de distintas administraciones y que necesitan inversión”. En este sentido, ha recordado que “la autovía Alicante-Elche está pendiente del tercer carril, una actuación ya contemplada en los Presupuestos Generales del Estado”, pero que queda en suspenso por la decisión del Gobierno de no presentar estas nuevas cuentas.

El alcalde ilicitano ha añadido que “también estamos a la espera del avance del desdoblamiento de la N-340 y del entorno del Parque Empresarial hasta su conexión con la EL-20, una actuación que debe acometer el Ministerio de Infraestructuras”.

Ruz ha recordado que “hemos solicitado hasta en seis ocasiones una reunión con el ministro, Óscar Puente, y seguimos dispuestos a colaborar y a trabajar conjuntamente por proyectos que son clave para el futuro de ambas ciudades”.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha lamentado que “la decisión del Gobierno de no elaborar unos nuevos presupuestos condena a la provincia de Alicante, un año más, a situarse en el último lugar de las inversiones estatales”. Barcala ha explicado que “esta falta de planificación impide avanzar en proyectos vitales como la variante de Torrellano, que mejoraría la conexión con el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, o las mejoras en el servicio de cercanías que reducirían en más de media hora los trayectos con el sur de la provincia”.

El regidor alicantino también ha denunciado que el Gobierno central “impide a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería, es decir, los ahorros de sus propios vecinos, para destinarlos a inversiones que mejoren la vida de los ciudadanos”.

Barcala ha señalado que “esta situación no solo perjudica a los ayuntamientos, sino directamente a los ciudadanos, que ven cómo se paralizan proyectos esenciales”.