El grupo popular denuncia que el equipo de gobierno ha ocultado la sentencia desde hace más de un mes dejando pasar los plazos para poder recurrirla

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Vicente Granero, ha vuelto esta mañana a pedir responsabilidades al tripartito sobre la sentencia que obliga al ayuntamiento al pago de 441.000 euros por trabajos encargados a dedo entre 2007-2009 por orden de Blanca González. Granero ha señalado que “la solicitud que hacíamos de recurrir era teniendo en cuenta que estamos ante una sentencia de primera instancia lo que significa que caben recursos a la misma. Además consideramos básico que se discuta si dichos trabajos se ejecutaron de forma parcial o total o si los precios son reales o se han valorado al alza. Hay que recordar que no hay ningún técnico que los avalara”.

Desde el grupo popular han afirmado que “nuestra sorpresa llega cuando comprobamos la razón real por la que la sentencia no es recurrible: se ha dejado pasar el plazo para hacerlo. El tripartito tiene la sentencia guardada en los cajones desde hace más de un mes y por tanto no se puede recurrir por dejar transcurrir los 10 días habilitados para ello. Nosotros nos enteramos de este matiz tan importante a raíz de la convocatoria de la Comisión de Hacienda que ya recoge una modificación presupuestaria para el pago de este sentencia. Una modificación de más de 500.000 euros. Esta modificación que está en un punto de la comisión que se celebra mañana ha hecho que el equipo de gobierno saque a la luz esta sentencia después de estar más de un mes ocultándola”.

El portavoz adjunto ha destacado que “el alcalde se está preocupando más de defender los intereses de los miembros de su partido y a empresas como Ilidexsa frente a los ilicitanos. Es una vergüenza que hayan dejado pasar los plazos para presentar recurso, que no informaran de la misma. Como es imposible el recurso esperamos que tomen medidas y que en la próxima Junta de Gobierno se le reclame a la señora González las cantidades que debe abonar el ayuntamiento. Si esto no ocurre nos veremos obligados a poner en manos de los servicios jurídicos del Partido Popular este asunto para que tomen las medidas judiciales pertinentes contra los miembros de la Junta de Gobierno Local”.

Redacción