García-Ontiveros considera “muy factible” que se deba pagar una indemnización a Aparcisa por el Mercado

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Elche, Eduardo García-Ontiveros, considera que una vez conocido el informe del Consell Juridic Consultiu sobre la resolución del contrato del Mercado Central, se abre una larga etapa de incertidumbre jurídica. Además entiende que es “muy factible” que se deba pagar una indemnización a Aparcisa por la rescisión.

El edil deja claro que el dictamen del órgano consultivo “no es vinculante a la hora de tomar cualquier decisión respecto de rescindir o no el contrato con la concesionaria del mercado”. Insiste en que “dicho informe tiene la fuerza de prueba, en un más que probable proceso judicial, que le quiera dar el juez de lo contencioso-administrativo no asegurando la razón a ninguna de las partes”.

De hecho, “no se puede interpretar como “ley”, un informe que es la opinión de un órgano que no tiene capacidad decisoria, sino que tan solo expone una conclusión a su parecer. Ahora bien, del mencionado dictamen se desprenden dos grandes conclusiones que no dejan en muy bien lugar a ninguno de los dos grandes partidos políticos que han gobernado en Elche y en la Comunidad Valenciana”.

Por un lado, como indica García-Ontiveros, es cierto que el Consell Jurídic Consultiu menciona que es factible la rescisión del contrato del Mercado Central, “y también es cierto que esa rescisión podrá conllevar una indemnización a favor de la concesionaria que a día de hoy no alcanzamos a calcular, pero que puede ser millonaria”.

Esa “más que probable” indemnización que deberá pagar el Ayuntamiento de Elche, “es más que probable que sea por el beneficio que va a dejar de percibir la concesionaria por la anulación del contrato, es decir, lo conocido como lucro cesante, situación ésta que será exclusivamente responsabilidad del actual equipo de gobierno”.

Según el concejal no adscrito, “esta indemnización es más que probable que se otorgue por los tribunales a la concesionaria, debido a que esta es un tercero de buena fe, que en su día firmó un contrato con la corporación del PP, donde no se le informó de las posibles dificultades arquitectónicas, arqueológicas y patrimoniales del proyecto”.