FICE pide la mediación de Cepyme ante el Gobierno para evitar medidas que afecten al sector

La presidenta de la Federación de Industrias del Calzado de España (FICE), Rosana Perán, la secretaria general, Marian Cano, y los vicepresidentes Juan Carlos Fernández (Calzado de Menorca), Juan Romero (CALZIA), Alfonso Ruiz (AICCOR) y Santos Martín (APICT) han mantenido una reunión con el secretario general de CEPYME (Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa), Luis Aribayos, y la directora del departamento Sociolaboral de la confederación, Teresa Díaz de Terán. Un encuentro en el que la presidenta de FICE y su equipo han trasladado
a la confederación de empresarios la enorme preocupación existente en el sector del calzado en lo que respecta a las normas y medidas que afectan a la morosidad, los fijos discontinuos, el absentismo o la reducción de jornada laboral.

Según ha explicado Marian Cano, “hemos explicado al secretario general de CEPYME y a la directora del departamento laboral la necesidad de trasladar al Gobierno Español y a la UE la situación límite en la que se encuentra nuestro sector, advirtiéndoles de que si no se rectifican
algunas de las normas establecidas respecto a cuestiones relativas a la morosidad, a los fijos discontinuos, al absentismo y a la reducción de la jornada laboral, las empresas pierden competitividad”.

Además, ha insistido en que “la compleja coyuntura económica, influenciada por la creciente inflación y la bajada del consumo, unido normas establecidas y medidas propuestas ya están causando graves problemas a las empresas”.

Una de las principales preocupaciones para las empresas de calzado es la normativa relativa a la morosidad. La Comisión Europea propone medidas más estrictas contra la morosidad, lo cual impacta especialmente a la industria del calzado. Los plazos de pago reducidos, a los que la empresa española ya está expuesta desde la entrada en vigor de la ley Crea y Crece, dificultan las operaciones de las empresas, especialmente aquellas con transacciones internacionales y períodos medios de cobro prolongados. Hay que recordar que el calzado es un producto de baja rotación.

Lo primero, según Cano, es que los esfuerzos se deberían centrar en acabar con la morosidad y no en acortar los plazos drásticamente como están haciendo ahora: “Es un disparate que nuestras empresas, de naturaleza exportadora, y con un producto de baja rotación como el
calzado tengan que ceñirse a los 30 días que establece la ley Crea y Crece del Gobierno de España. Es imposible, y si no lo logran quedan fuera de las ayudas europeas”.
Asegura que si en Europa se van a regular los plazos de pago es imprescindible distinguir entre los productos de alta y baja rotación. Y junto a ello, los empresarios del calzado apuestan por un pacto libre entre las partes a la hora de cerrar cada contrato.

Por su parte la presidenta de FICE, Rosana Perán, afirma que “la realidad actual es que estamos perdiendo competitividad en el mercado global al que vamos dirigidos como sector inminentemente exportador que quiere trabajar en todas las áreas comerciales. Estas medidas a la vez que restan flexibilidad nos quitan competitividad”.

Por otra parte, han explicado al secretario de CEPYME que las empresas enfrentan una situación límite debido a la caída del consumo, el descenso del índice de producción industrial, el incremento del precio de las materias primas y las rigideces fijadas en los contratos fijos discontinuos estableciendo periodos anuales máximos sin tener en cuenta la coyuntura del sector. La figura, esencial para un sector estacional, ha perdido su estatus, lo que provoca despidos o expedientes de regulación temporal en empresas que no pueden asumir los costos laborales.

Junto a ello, la patronal del calzado alerta de los problemas que conlleva la jornada laboral planteada por el Gobierno. “La reducción de la jornada implica en último caso una subida salarial al margen del diálogo social que muchas empresas no pueden asumir”.