Asociaciones, colectivos y particulares piden la protección del edificio del Mercado Central

El Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Lluis Sendra; el arquitecto inspector de Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura hasta 2016, Santiago Varela; la arquitecta especialista en patrimonio industrial y gestora del blog Patrimonio Industrial Arquitectónico, miembro de ICOMOS, Diana Sánchez Mustieles; el alcalde de Elche entre 1987 y 1995, Manuel Rodríguez; el concejal de Urbanismo en la anterior legislatura, José Manuel Sánchez, o descendientes del arquitecto Santiago Pérez Aracil, como su hija, la ceramista Sol Pérez. Son algunos de los firmantes de un escrito remitido al Ayuntamiento de Elche, en el que se demanda la protección del edificio del Mercado Central.

La petición llega una vez cubiertos los restos arqueológicos del entorno del mercado, retiradas las vallas que lo rodeaban, y ante la intención del Ayuntamiento de convocar un concurso de ideas para dar forma a un nuevo proyecto de Mercado Central. NO hay que olvidar que se está en trámites de rescisión del contrato que se firmó con Aparcisa.

Igualmente se está llevando a cabo la tramitación de los Baños Árabes y los refugios de la Guerra Civil como Bienes de Relevancia Local, y es en este punto donde los firmantes de la petición entienden que debe incluirse el edificio del mercado.

En noviembre de 2015 la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, señaló en un informe en respuesta a una primera petición realizada por el Colectivo de Defensa del Patrimonio Ilicitano, que el inmueble debería contar con catalogación municipal, siendo competencia del Ayuntamiento realizar su inscripción en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Una declaración como Bien de Relevancia Local debe evaluarse en función de la arquitectura del entorno y de la presencia de restos materiales que forman parte de los baños árabes, y corresponde igualmente al Ayuntamiento.

Los defensores de esta iniciativa entienden que la conselleria dispone de, al menos, cuatro informes técnicos que abogan por esta protección al considerar que la arquitectura de este inmueble obedece a parámetros de racionalidad arquitectónica, con un lenguaje evidente de sinceridad constructiva, en la pretensión de acomodar racionalidad con economía de medios expresivos. En este sentido se destaca que son planteamientos muy propios de la arquitectura española de aquellos años, finales de la década de 1950.