La patronal del calzado advierte de nuevas trabas al sector para acceder a ayudas públicas

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) alerta que el nuevo Reglamento que está tramitando la Unión Europea contra la morosidad dificultará todavía más las cosas para empresas del calzado que ya están sufriendo desde 2022 las consecuencia de la Ley Crea y Crece, del Gobierno de España, que obliga a las empresas que quieran acceder a subvenciones públicas a cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad que establece en 30 días el plazo máximo de pagos (60 si hay acuerdo entre las partes).

Desde la patronal zapatera se insiste en que por su naturaleza exportadora, sus empresas tienen más difícil que otros sectores cumplir con el periodo de pago de 30 días, ya que por las transacciones internacionales muchas veces sus periodos medios de cobro también son muy elevados. Por ello, desde la patronal zapatera se reclama un régimen especial para pymes exportadoras para no lastrar su competitividad internacional.

“La Ley Crea y Crece afecta a nuestra competitividad en un mercado global en el que para otros países no hay rigideces a la hora de establecer plazos de pago. Este requisito de cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad para poder acceder a ayudas públicas que superen los 30.000 euros, deja fuera de estas subvenciones a una gran mayoría de empresas del sector”. Así lo asegura la secretaria de FICE, Marián Cano, para la que la realidad es que plantea desafíos significativos para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) del sector del calzado. Lo que está haciendo es restarnos competitividad”. Además denuncia que el nuevo reglamento europeo pone en serio peligro la viabilidad de las empresas zapateras.
Desde la patronal del calzado explican que es necesario que la normativa europea que se aprobará próximamente, además de ser “homogénea en todos los Estados miembros” para competir en igualdad de oportunidades, debe ser flexible para atender a las necesidades de cada sector. “La ley debe ajustarse a cada sector teniendo en cuenta si comercializa productos de alta o baja rotación, caso del calzado, asegura”.

Marián Cano destaca que “tenemos que luchar contra la morosidad, es decir los impagos, y la solución no pasa por acortar tan drásticamente los plazos, ya que el pago medio en la actualidad está por encima de 80 días. La solución no es acortar los pagos a 30 días, sino establecer mecanismos para garantizar los mismos en el plazo acordado”.

Cano ha explicado cuáles son los argumentos por los que la nueva norma va a perjudicar al sector.
En primer lugar, el no cumplir con en plazo máximo de 30 días que marca el Reglamento impide a las empresas acceder a ayudas públicas superiores a 30.000 euros.

La ley debe tener en cuenta las singularidades de la industria zapatera. Preparación de colecciones, abastecimiento de materiales, fabricación, almacenamiento, envíos y plazo de cobro superan los ocho o nueve meses.

“Por otra parte, las empresas ya se están viendo afectadas por la caída del consumo y las exportaciones y quedar excluidas de importantes subvenciones gubernamentales afectaría a su capacidad para enfrentar los desafíos económicos”, ha argumentado.

Además, hay que tener en cuenta que las PYMEs del calzado, en muchos casos, se encuentran en situaciones financieras delicadas debido a la disminución de la demanda por la caída del consumo y el aumento de los costes laborales. El plazo de 30 días propuesto va a resultar difícil de cumplir para estas empresas, que podrían no contar con la liquidez necesaria para garantizar pagos rápidos sin poner en riesgo su viabilidad económica.

El impacto de la nueva norma será mucho mayor para las medianas industrias, ya que la imposición de plazos de pago más cortos podría tener un impacto desproporcionado en las mismas porque en muchos casos carecen de la infraestructura financiera y administrativa para adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos. Por el contrario, esto podría favorecer a las grandes corporaciones con recursos significativos.
La secretaria de FICE indica que es positivo que la UE regule la morosidad y las normas sean homogéneas para todos los países miembros, pero puntualiza que “la reducción de plazos a 30 días, lejos de reducir la morosidad puede incrementarla generando un efecto contrario. El problema no está en acordar los plazos, sino en garantizar los mismos en el periodo establecido acabando así con los impagos”.