LA GUARDIA CIVIL INTERCEPTA MÁS DE 22.800 PARES DE ZAPATILLAS FALSICADAS, PARTE EN UN ALMACÉN DE ELCHE

• Han sido inspeccionadas once tiendas y cuatro almacenes en Madrid, Alicante y Barcelona

• Han sido retirados un total de 22.865 pares de zapatillas que estaban dispuestos para su venta, valorado en más de 10 millones de euros

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en colaboración con las Patrullas Fiscales Territoriales de las Comandancias de  Alicante y Barcelona, han intervenido un total de 22.865 pares de zapatillas presuntamente falsificadas que se encontraban dispuestas para su venta al público y para su distribución en dos almacenes ubicados en un polígono industrial de Fuenlabrada, un almacén en San Adrián de Besos, un almacén en Elche  y en once tiendas ubicadas en Madrid, valoradas en 10.403.573 euros.

La investigación se originó tras la denuncia interpuesta por el representante de una conocida marca de zapatillas, que alertó de la presencia de diversos modelos de estos artículos que se encontraban a la venta en tiendas de una franquicia, las cuales eran falsificadas.

El análisis de la información que realizaron los integrantes de la Guardia Civil, permitió ubicar varias tiendas y almacenes desde donde se vendían y se encargaban de distribuir la mercancía falsificada, por lo que se estableció un dispositivo conjunto que permitió intervenir en Elche (Alicante) 1.272 pares, en San Adrián de Besos (Barcelona) 4.344 pares, retirando en Madrid 300 pares localizados en once tiendas de la capital y 16.949 pares en dos almacenes de la localidad de Fuenlabrada.

En los puntos de venta reseñados, la Guardia Civil realizó la correspondiente inspección en compañía de los titulares de la marca, que acreditaron que las zapatillas que estaban a la venta eran falsificadas, por lo que se procedió a su retirada. Tras esta intervención se inició la investigación de los responsables de las tiendas y de los almacenes por un presunto delito contra la propiedad industrial. Además hay que tener en cuenta la repercusión negativa sobre la imagen de la marca afectada, fraude al consumidor y competencia desleal con las empresas que sí cumplen con las correspondientes normativas.